LA DIVISION DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

Carta abierta a los colegiados

La Junta Directiva de Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, ha recibido esta semana un requerimiento de la Sra. Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), a instancias de la Junta homónima de Gran Canaria, solicitando información, sobre la situación económica de nuestra Demarcación. Se alega como justificación para tal petición una presunta situación económica grave que afecta a nuestro endeudamiento y en relación al posible perjuicio para el patrimonio del resto de Demarcaciones que componen esta corporación regional. Todo ello, en el supuesto de que se derivase algún tipo de responsabilidad económica que no pudiéramos afrontar los colegiados de Tenerife.

Ya el 4 de Octubre de 2011, en la Junta de Gobierno regional celebrada en nuestra sede de Santa Cruz de Tenerife, se dio cumplida cuenta de dicha información patrimonial a todos y cada uno de sus miembros, explicando la situación en la que nos encontrábamos. En ese momento explicaríamos verbalmente que las cuentas de nuestra Demarcación distaban mucho de expresar la existencia de un desequilibrio patrimonial y que nuestro estado financiero estaba controlado, igual o tanto como el del resto de las Demarcaciones. En aquel momento, todas las explicaciones que se dieron fueron insuficientes ante la imputación por parte de los representantes de Gran Canaria de que nos encontrábamos en quiebra y que ello podría suponer un arrastre económico al resto.

A día de hoy, y con los datos de que disponemos, la Junta Directiva de Tenerife no puede admitir, por responsabilidad y defensa de su gestión aprobada mayoritariamente por los colegiados en nuestra última Asamblea, tales afirmaciones por no ajustarse, en absoluto, a la realidad.

En primer lugar, hay que considerar al menos curioso que la única Demarcación que está al día en su contribución a los órganos generales de carácter regional que componen el COAC, sea la de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

En segundo lugar parece ser que a los miembros de la Junta Directiva de Gran Canaria les preocupan los acuerdos adoptados por la Asamblea de Demarcación de Tenerife – La Gomera – El Hierro y La Palma celebrada el 1 de marzo de 2012, en aplicación soberana de nuestras normas estatutarias. Especialmente, el acuerdo por el que se acordó facultar a esta Junta Directiva para formalizar la venta y/o alquiler del patrimonio inmobiliario y artístico que estuviera disponible y no afectara a las actividades funcionales de nuestra Demarcación. Dicho acuerdo se adoptó con el objetivo de lograr la disminución de los gastos financieros y de devolución de capital al que nos obliga el actual endeudamiento financiero, para poder hacer un uso responsable de nuestros bienes asignados estatutariamente. Y ello para lograr un mayor saneamiento financiero que no fuerce a una superior reducción de los gastos ordinarios y afecte en el futuro a la estructura productiva para la prestación de los servicios a sus colegiados y terceros.

Además, desde la absoluta tranquilidad que supone que -en la situación actual- nuestra demarcación tiene la suficiente capacidad para afrontar razonablemente sus responsabilidades económicas, incluso si se diera el caso de una hipotética caída mayor de los ingresos que la que se ha previsto en los presupuestos de 2012 ya aprobados. Todo ello gracias a las medidas de contención adoptadas desde el año 2009, al haber ido reduciendo el gasto en los presupuestos ordinarios de 2.358.256,79 € a 1.722.053,23 € en el año 2010 y a 1.318.424,95 € en el 2011 y estando previsto para el 2012 en la cantidad de 1.307.836,71 €.

Desde que en la reunión de Octubre de 2011 de la Junta de Gobierno regional, los representantes de la Junta Directiva de Gran Canaria perdieran una votación por la que intentaban tener carta blanca para lograr su objetivo de segregación, han tratado de divulgar una valoración económica falseada de la Demarcación de Tenerife. Para ello, nuestro compañeros -los miembros de esa Junta Directiva- se han apoyado en la propagación de bulos y datos tergiversados para generar un estado de opinión entre los arquitectos de esa isla que les permitiera llevar a cabo sus intenciones segregacionistas sin tener que acomodarse a los procedimientos y cautelas que establece nuestro marco estatutario.

Creemos que, ante un asunto de tanta trascendencia para el conjunto de los arquitectos que pertenecen a nuestra corporación regional, es imprescindible actuar con la máxima transparencia, ofreciendo información cierta y contrastada. Al mismo tiempo, es nuestro deber fomentar también el debate más riguroso posible; una discusión en la que pueda expresarse con claridad el contraste de opiniones, para que pueda opinar y decidir el mayor número de afectados, evaluando así realmente los beneficios y pérdidas que podría ocasionar lo que se ha propuesto unilateralmente.

En esa Junta de Gobierno de Octubre también se debatió y votó considerar un proceso de segregación del COAC en 5 colegios insulares y se acordó presentar, antes de iniciar cualquier proceso de separación, un informe jurídico, en el cual se estableciera claramente la viabilidad y procedimiento a seguir y otro económico, en el que se valorara el conjunto de costes que dicha separación podría ocasionar. Entendemos que dichos informes son imprescindibles para poder dar los pasos necesarios de forma correcta y evitar la destrucción de nuestra organización sin antes tener construida una alternativa imprescindible.

En la última Asamblea General del COAC, celebrada en Gran Canaria ya se mostraron claramente las actitudes de la Junta Directiva de esa isla, vertiéndose manifestaciones en las que se evidenciaba que su objetivo inexcusable era la segregación y la justificación formal que han elegido a continuación es señalar esa hipotética situación económica de Tenerife.

Esta finalidad última, en pro de la separación de los arquitectos de la isla de Gran Canaria, se ha trasladado a muchas sesiones de la Junta de Gobierno regional, de manera que la actividad de los órganos generales del COAC ha estado paralizada prácticamente desde hace casi un año, sin que las acciones que verdaderamente interesan al colectivo de arquitectos hoy en día, que no son otras que la lucha por nuestra profesión, estén realmente sin atender.

Así, por poner un ejemplo, tenemos en trámite de audiencia el proyecto de “Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales”, para cuyas alegaciones disponemos de quince días. A día de hoy con el fin de poder cumplir este trámite, de tanta trascendencia para nuestra profesión, en coordinación con la Decana de nuestro Colegio regional, Tenerife está preparando un documento de alegaciones para ponerlo a disposición de la Junta de Gobierno. Si nos dedicáramos exclusivamente a la organización de la segregación ¿quién haría este trabajo?

Cuando la Junta Directiva de Gran Canaria ha mostrado sus deseos siempre hemos manifestado nuestro respeto a esa voluntad legítima. Pero también hemos expresado que la segregación es un tema importante y, por tanto, que haremos lo que los colegiados de toda Canarias estimen oportuno. Al fin y al cabo, los directivos sólo somos representantes temporales, y lo único que hemos exigido los representantes de Tenerife es que el proceso sea regido tal y como marcan los estatutos vigentes, que constituyen el documento legal que, a día de hoy, sirve para organizarnos y actuar como grupo.

Dentro del proceso de segregación, en la Asamblea General del COAC celebrada en Gran Canaria el día 29 de noviembre de 2011, se planteó, a instancias de la Junta de Gobierno (que aceptó la propuesta de los representantes de Gran Canaria), la modificación del estatuto introduciendo el voto delegado, lo que facilitaba la adopción de acuerdos sin la necesidad de asistencia de los colegiados a la asamblea. Todos los asistentes fuimos testigos de que los intervinientes en el debate sobre la propuesta de establecimiento del voto por delegación mostraron su preocupación por la posible manipulación que este procedimiento pudiera llevar consigo. Especialmente, en asuntos de tanta trascendencia como el que se refiere a la segregación. Aún así, se aprobó con la condición, manifestada en sala, de que el texto que se había llevado fuera complementado por la Junta de Gobierno mediante la aprobación de un Reglamento que fijara las condiciones del ejercicio del voto delegado, estudiando los términos en los que se enmarcaría ese voto y con la condición de que se limitara el número de representaciones llevadas por un mismo colegiado.

Pues bien, a día de hoy, no se han realizado ninguno de los informes necesarios para cumplir con esos acuerdos específicos de Junta y Asamblea: Ni se ha formalizado informe jurídico ni económico sobre la viabilidad de la segregación y tampoco se ha aprobado en Junta de Gobierno un reglamento unitario sobre el voto delegado.

Esto nos lleva a la afirmación de que el deseo de la desmembración del Colegio de Canarias se quiere llevar a cabo sin las mínimas condiciones legales y, es a esto, a lo que nos negamos. Nos parece muy preocupante que un limitado número de miembros de esta corporación decidan lo que es conveniente para todos y establezcan irreversiblemente lo que es lo que conveniente para el colectivo en el futuro. Y es por ello, por lo que nos mantenemos en nuestra postura de exigir que se cumpla con un procedimiento que ofrezca las garantías mínimas para que la decisión que va a marcar inexorablemente nuestro próximo en los próximos años se haga cumpliendo las normas que nuestro colectivo, a lo largo de su historia, se ha marcado.

Si los colegiados canarios deciden que debemos separarnos lo haremos. Pero también esperamos y deseamos que -de una u otra manera- sigamos entendiéndonos por el bien de algo que nos une: nuestra profesión y su desempeño común en este pequeño archipiélago. Pero lo que queremos dejar claro es que no es nuestra situación económica, la de una isla concreta, la verdadera razón y motivo para esa separación deseada. Nos preocupa mucho que se esté utilizando ese argumento para “atemorizar” a los colegiados de Gran Canaria y del resto de islas para que apoyen incondicionalmente una propuesta de la que desconocemos cabalmente sus riesgos.

Curiosamente, la misma demanda de datos que hace la Junta Directiva de  Gran Canaria sobre nuestro patrimonio -como si fuera algo que mantenemos oculto- no se ha suministrado a los miembros de su Demarcación. Incluso desconocemos si se realizan auditorias que confirmen la veracidad de la información contable que se aprueba allí anualmente, cosa que nosotros sí realizamos desde hace ya bastante tiempo.

Es cierto que la herencia recibida y la grave crisis económica no es la más idónea para afrontar la situación actual por todas las Demarcaciones, incluyendo a la de Gran Canaria. Por nuestra parte, como ya se ha dicho, hemos intervenido de manera tajante y decidida para resolver la situación y con las acciones realizadas mantenemos una situación patrimonial estable, incluso con una previsión del cierre de 2011 con superávit de 97.664 euros de acuerdo a las cuentas presentadas en nuestra última Asamblea insular. Resulta pues una falacia manifestar que la situación económica de Tenerife puede afectar al resto de las Demarcaciones.

Ante la inmediatez de la asamblea informativa convocada en Gran Canaria, donde presumiblemente se hablará sobre nuestra situación económica, no nos ha quedado otra que informar, por este medio como el único posible, a los colegiados del archipiélago y a los de la isla de Gran Canaria especialmente, para que dispongan de un mínimo de datos fidedignos antes de dicho acto.

Esperamos que sea cual sea la decisión que tomen, al menos, sea adoptada con responsabilidad. Exigimos que esta situación insidiosa termine de una vez y podamos dar continuidad al esfuerzo para el cual se nos ha elegido: trabajar para todos y en beneficio de la profesión que honradamente tratamos de realizar cada día.

Con fecha de hoy hemos dado curso al informe económico que se nos solicitaba, cumpliendo nuestra Demarcación -una vez más- con las normas de buena relación y trato entre las diferentes Demarcaciones que componen este colegio profesional y con los Órganos Generales del COAC de los que siempre nos hemos sentido orgullosos.