LA MEJORA DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE CONSULTORÍA

AMP Arquitectos. Imagen: Hisao Susuki

Visita a la Presidencia del Gobierno de Canarias (1) 

El 15 de septiembre tuvo lugar un encuentro con D. Francisco Díaz, Jefe del Gabinete del Presidente del Gobierno, en su sede de Santa Cruz de Tenerife. A la misma asistieron los Presidentes de las Demarcaciones de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, encabezados por la Decana del Colegio de Arquitectos y el Tesorero de Tenerife.

En dicha reunión se propuso por parte de los representantes del Colegio de Arquitectos el reinicio los contactos mantenidos con el gobierno de Canarias, que con anterioridad a las elecciones se venían ya produciendo a petición del propio Presidente. Por nuestra parte, se trataría con ello de establecer con carácter continuado una mesa de diálogo sobre los temas relacionados con la ordenación del territorio y la construcción en Canarias en la que participen todos los ámbitos técnicos que intervienen sobre dichas cuestiones.

Se llegó allí a la conclusión de que estos contactos esporádicos deberían institucionalizarse y mantenerse con mayor asiduidad, pudiendo establecerse así un foro en el que puedan expresar sus ideas los principales profesionales implicados. Un espacio de diálogo que podría incluir, en principio, a los Colegios Oficiales de Arquitectura e Ingeniería y a las Direcciones Generales de Ordenación del Territorio, Instituto Canario de la Vivienda y Servicio Canario de Empleo en representación del gobierno .

Entre el conjunto de ideas que se barajaron, se exponen aquí algunas cuestiones que están teniendo una incidencia notable para la práctica del trabajo profesional, aportándose ideas para producir una transformación en positivo respecto a la actual situación de extrema debilidad del sector. Entre ellas, hay que destacar las que se refieren a las formas de adjudicación pública del trabajo de consultoría técnica, el estímulo a la mejora de la calidad del trabajo profesional, la participación en la mejora del sector de la construcción, la práctica desleal hacia las consultoras y profesionales privados aplicada desde las empresas públicas, la simplificación legislativa y la internacionalización de la arquitectura de Canarias.

En esta primera entrega se exponen las ideas que se sugirieron en relación a las posibilidades de mejora para una más justa adjudicación del trabajo profesional mediante concursos públicos de consultoría técnica.

La actual manera de asignación del trabajo relacionado con la consultoría técnica que se realiza desde las administraciones públicas canarias adolece de un defecto básico, la adjudicación extensiva basada preferentemente en criterios cuantitativos, aquellos que priman las ofertas que establecen unos menores costes iniciales y el menor tiempo de ejecución de los documentos.

Ello ha venido conduciendo en los últimos años a una degradación progresiva del trabajo profesional que ha ido conduciendo a una situación insostenible a las empresas y profesionales liberales que tienen a la administración como su principal clientes. La aplicación continuada de la subasta a la baja en la valoración de ofertas técnicas, que una vez adjudicadas se tienen que realizar con menores recursos y con menor dedicación, en la mayoría de los casos está generando ya situaciones de pérdidas económicas para las empresas de consultoría. Esta situación no favorece la calidad del trabajo desarrollado y produce un empobrecimiento progresivo de los profesionales como de la administración y la sociedad en segunda instancia.

Es una situación que supone un enriquecimiento injusto de las administraciones a costa de un trabajo profesional mal valorado y reconocido, que ocasiona un despilfarro subsiguiente en las adjudicaciones de obras, técnicamente mal proyectadas y mal presupuestadas, por no hablar de la baja calidad general resultante de las iniciativas.

El Colegio de Arquitectos considera que esta es una práctica muy lesiva para la sociedad que es estimulada por una indiferencia de las diferentes administraciones sobre los resultados reales conseguidos. Una alternativa que reconduzca esta nefasta situación debería basarse en la implantación de otros criterios de adjudicación del trabajo técnico-profesional que contemplara unas formas más racionales de adjudicación, orientadas a la mejora de la calidad global de los bienes públicos que se pretende realizar.

En primer lugar, sería necesario elaborar previamente unas estimaciones actualizadas anualmente de costes del trabajo, a aplicar tanto a las obras como a las tareas de consultoría técnica. Estimaciones que sirvieran para definir los precios iniciales de salida de esos trabajos con criterios de equidad y en base a una realidad valorada con fiabilidad del conjunto de tareas que se han ido añadiendo en los últimos años como consecuencia del importante aumento de exigencias técnicas y reglamentarias. La situación actual es que las ofertas que realizan las distintas administraciones se basan en unos cálculos de honorarios y costes totalmente desfasados respecto al esfuerzo que es preciso realizar.

Esta estimación de costes constructivos y de elaboración de trabajos a servir de referencia para el conjunto de las administraciones públicas canarias, los podrían desarrollar y definir el conjunto de colegios profesionales técnicos existentes en la región de una manera colaborativa. Es el caso de los Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores, cuyos facultativos intervienen necesariamente en el diseño y seguimiento de las obras en las que se implica el sector público.. Esta tarea requeriría un apoyo económico fácilmente cuantificable y no muy elevado que podría realizarse desde el Gobierno Autónomo Canario.

Existe el precedente del esfuerzo que realiza anualmente el Centro de Información de la Economía de la Construcción, pero hay que considerar que sus cálculos son parcializados e incompletos. Por ello, se estima como mejor alternativa enfocar su realización desde el colectivo de entidades colegiales.

En segundo lugar, frente al criterio de subasta a la baja y adjudicación a la oferta de menor coste y menor tiempo de realización, sería interesante considerar como adecuadas las ofertas más aproximadas a la media del conjunto de las presentadas, eliminando las dos más extremas que producen distorsiones irracionales. Con este sistema se produciría una aproximación a las estimaciones más ajustadas a la realidad de lo demandado.

Los períodos que sirvan como base para la ejecución de los trabajos se deben de estimar sobre precedentes razonables y no solamente considerando las necesidades administrativas para la ejecución presupuestaria y las anualidades establecidas ya que generan aberraciones técnicas por falta de tiempo material para su ejecución técnica.

A este respecto se echa en falta el establecimiento de unos mínimos requerimientos metodológicos que definan los procesos de ejecución de los trabajos, la identificación de las distintas tareas técnicas necesarias y, en consecuencia, los tiempos razonables para su realización. En el mismo orden de cosas, los costes constructivos y de honorarios deberían apoyarse en las estimaciones conjuntas desarrolladas previamente para el elenco amplío de tareas que requieren de la participación de ingenieros y arquitectos.

En tercer lugar, otro elemento que está generando problemas en lo relativo a la ejecución de obras y consultorías es el que se refiere al criterio de proximidad. La experiencia acumulada señala que una obra realizada por una empresa que no cuenta con sede u oficina en el territorio próximo ocasiona inconvenientes muy importantes derivados de la dificultad para atender con agilidad a situaciones inesperadas. Es necesaria la presencia de técnicos y responsables en una condición de cercanía razonable, al objeto de responder con celeridad a imprevistos sobrevenidos.

Es lo que ocurre cuando se adjudican trabajos a empresas de consultoría provenientes de otros territorios y que no cuentan con delegaciones locales, en un espacio territorial alejado del continente. En un mercado regional fragmentado en islas, como el que existe en el archipiélago canario, se producen constantemente situaciones de ineficiencia técnica en la ejecución de obras y el diseño de proyectos que no pueden resolverse desde la distancia. Al mismo tiempo, el proceso de ejecución de los trabajos y tareas en las consultorías técnicas como son la obtención de la información necesaria y un fluido intercambio de ideas hacen imprescindible y razonable la presencia de interlocutores sobre el terreno cuando se realizan proyectos y tareas de consultoría técnica.

Otra cuestión que afecta a la asignación pública del trabajo profesional es el recurso esporádico a los concursos de ideas y de anteproyectos técnicos. Estas iniciativas, que son contempladas específicamente en lo que se refiere a la proyectación de arquitectura por la vigente Ley de Contratos del Sector Público, requerirían de una modificación procedimental profunda. En estos tiempos de crisis, hay que considerar que la habitual presentación de cientos de propuestas a cada concurso anunciado está originando un enriquecimiento ilícito de las administraciones públicas, y al mismo tiempo un despilfarro ingente de recursos. Recursos que aportan gratuitamente aquellos más afectados, los que están sufriendo directamente una escasez casi total de trabajo y están por ello, más necesitados de apoyo.

En estos casos, se considera que una forma más compleja de selección debería ser aplicable. Para ello, se estima que los procesos de adjudicación se deberían establecer en dos fases: Una primera de presentación de curriculums y de metodologías, estrategias para la realización del trabajo que sirvieran como base a una preselección. Tras ella, una segunda fase orientada ya a la presentación de ideas formalizadas, cuyo esfuerzo profesional debería abonarse o compensarse en cualquier caso.

Pero, lo más importante es que existan convocatorias de consultoría técnica a las que puedan concurrir los profesionales, tal y como lo habían venido haciendo en los últimos años. En la actual situación de crisis presupuestaria, la situación se ha agravado aún más ya que el poco trabajo profesional que se plantean en el seno de las administraciones públicas es directamente acaparado por los propios estamentos funcionariales o por empresas públicas.

Sería necesario recuperar en alguna medida esos mecanismos de oferta pública de trabajo profesional ya que en caso contrario, asistiremos a una situación para la cual no se calibra el alcance de su repercusión: la práctica desaparición aquí del sector de la consultoría técnica de ingeniería y arquitectura en un futuro ya inminente.