IDEAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS

Visita a la Presidencia del Gobierno de canarias (2)

La semana pasada hacíamos una primera entrega sobre las cuestiones que se intentaron transmitir a los responsables del Gobierno de Canarias como aportación del Colegio de Arquitectos de Canarias a la búsqueda de caminos para superar la difícil coyuntura actual que padece el sector de la construcción y de los profesionales ligados al mismo en este archipiélago.

En esa primera entrega aportábamos algunas consideraciones para la reforma del sistema de adjudicación del trabajo profesional mediante concursos de consultoría. Como continuación a lo ya publicado, incluimos aquí algunas otras ideas complementarias que se intentó transmitir.

Una primera cuestión a abordar es la que tendría que ver con la certificación de la calidad en los trabajos profesionales técnicos.

La continua adición de nuevos requisitos y criterios para la ejecución del trabajo técnico exigen de mecanismos que ejerzan el control sobre la viabilidad de los diseños, cálculos y mediciones de costes que componen los proyectos y documentos técnicos y que garanticen su adaptación y el cumplimiento de las distintos requisitos aparecidos en la última década en desarrollo de Directivas Europeas y Códigos y Normas de rango nacional.

Todo ello, indica la necesidad de ejercer una supervisión meticulosa que garantice la fiabilidad y la calidad de los proyectos elaborados por los técnicos que trabajan para la administración de una manera interna y externa. La generación de certificaciones calidad, expedidas después de un control técnico riguroso es un instrumento esencial para mejorar las construcciones e instalaciones en los edificios que se realizan para la administración y, también, en aquellas otras que se promueven desde el sector privado.

Esta labor de certificación de proyectos y obras podrían ejercerla los colegios profesionales que tienen ya encomendado por ley el ejercicio del visado obligatorio de los proyectos y otros documentos técnicos relacionados. Es un camino que ya se ha iniciado en Canarias respecto a las instalaciones eléctricas que se supervisan por el colegio profesional correspondiente de acuerdo al Reglamento vigente al efecto.

El ejercicio de la certificación de la calidad documental de los documentos técnicos requiere de una financiación pública específica que redundará tanto en una mejora patrimonial en las administraciones públicas canarias como en una reducción de la conflictividad perenne que existe en las ejecuciones de obras.

Otra cuestión relevante es la que se refiere a la participación de los agentes implicados en la mejora de la calidad de la construcción que se viene realizando en el archipiélago.

La participación de los colegios profesionales en una posible Mesa de la Calidad de la Construcción en Canarias es una iniciativa que debe impulsarse. La integración en este foro de los técnicos que tienen la responsabilidad de aplicar las normas generadas desde la administración, es esencial.

Hay temas cuya urgencia requiere de un análisis profundo y, en consecuencia, la generación de estrategias específicas adaptadas a las nuevas demandas. Por ejemplo, a día de hoy no existe un criterio claro sobre lo que concierne a la rehabilitación urbana, de las infraestructuras turísticas y de las edificaciones residenciales.

En una situación coyuntural de crisis extrema en un sector que siempre ha aportado al Producto Interior Bruto regional una parte importante de valor añadido -y sin que hayan perspectivas ciertas sobre nuevos sectores que lo sustituyan- es imprescindible la apertura de nuevos caminos profesionales y la búsqueda de trabajo para un sector que sufre masivamente la experiencia del paro en estos momentos.

Un ámbito que requiere de un esfuerzo de pensamiento colectivo es el que se refiere a la evaluación energética de los edificios existentes. En este campo, se debe superar la visión estrictamente ingenieríl -orientada solo a la mejora de las instalaciones técnicas- para incorporar también otro tipo de cuestiones relevantes como las que se refieren a la valoración de criterios pasivos de mejora energética, y de materiales a emplear que son también consumidores energéticos.

La certificación del rendimiento energético de las edificaciones será un campo esencial en los próximos años, dado que se ha establecido con carácter normativo obligatorio a partir de la reciente modificación de la Directiva Europea específica.

La implantación de las inspecciones técnicas de los edificios antiguos es algo que también está en una fase muy primaria en los distintos ayuntamientos del archipiélago. Sin embargo, el proceso de envejecimiento del parque residencial está avanzando de manera acelerada, sin que se requiera un mantenimiento adecuado a sus propietarios y usuarios. Sería necesario establecer con carácter normativo general el alcance y contenidos que deben cumplir estas tareas de inspección técnica de la edificación, estableciendo los necesarios mecanismos de control y exigencia de cumplimiento.

La Inspección Técnica de Edificios en la totalidad de los municipios canarios, al igual que se hace con los vehículos, es una garantía de que las infraestructuras que habitamos mantienen y mejoran su calidad. Esta inspección debe hacerse en unas condiciones técnicas adecuadas y que signifiquen una supervisión que vaya más allá de la inspección ocular y la asignación de responsabilidades primarias. Es necesario supervisar una serie de cuestiones muy relevantes para su estabilidad y funcionalidad en los edificios con una edad superior al medio siglo. Este mecanismo deberá inducir un mantenimiento adecuado de las fábricas urbanas, en las que adquiere especial relevancia la capacidad real de las estructuras existentes, las condiciones de estanqueidad e impermeabilización, el estado de sus instalaciones y materiales de acabado exterior e interior, etc.

Todo lo anterior, no solo por garantizar unas condiciones mínimas de seguridad sino también para estimular el ornato en nuestras ciudades, que, en algunos casos, presentan condiciones de abandono generalizado muy extendidas. Y ello, además, en cumplimiento de un mandato legal que se ha establecido a nivel de todo el estado español. La publicación de los Reales Decretos 2 y 8 de 2011 que tratan de impulsar, entre otras medidas, la rehabilitación relacionada con el sector de la construcción

Otro tema que preocupa cada día más a los profesionales es el que se refiere a la extensión de una complejidad innecesaria en los procedimientos y trámites administrativos relacionados con los usos del suelo y la construcción. Aspecto este que tiene una incidencia decisiva en la economía de una región como la nuestra.

Deberíamos ser conscientes del preocupante problema, que supone –y el debate ya está desde hace tiempo en todos los medios- de la ambigüedad y exceso de la legislación existente en Canarias y que se relaciona con el gobierno del territorio. Y, especialmente, del nivel de superposición de competencias y contradicciones entre las distintas normas así como la indescriptible competencia entre múltiples administraciones sobre un mismo asunto, aparte de la diferencia de criterios entre los distintos funcionarios sobre el cumplimiento o no de la misma norma.

Nos hemos ofrecido al Gobierno para colaborar en los trabajos de simplificación legislativa desde el principio de su elaboración y no como parte de un teórico proceso de participación reglado cuando el texto ya está redactado. Un sistema que se aplica generalmente desde la propia administración sin tener en cuenta la perspectiva externa de los agentes que luego la van aplicar, tanto sociales como profesionales, lo que representa una pérdida del conocimiento de donde están realmente los problemas que se pretenden encauzar. Demasiadas veces las modificaciones legislativas realizadas hasta la fecha en la última década han estado más orientadas a priori a resolver y ampliar las condiciones de control administrativo que a resolver las ineficiencias verdaderamente existentes, creando algunos incluso artificialmente.

Un ejemplo preclaro de este tipo de inconvenientes es el nefasto Reglamento de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en 2007. Un instrumento legal confuso que no es consecuente con los procedimientos administrativos y los requisitos que esta comunidad se ha autoimpuesto para la aprobación de la cascada innumerable de planes que componen ese pomposo sistema de planeamiento de Canarias. Estudios realizados recientemente demuestran que su aplicación es imposible y el esquema de plazos incumplible, ya que cualquier documento o instrumento de planeamiento requiere de más de una década de tramitación administrativa.

En una situación de extrema debilidad en el mantenimiento de nuestras perspectivas de supervivencia colectiva necesitamos una mayor agilidad para acometer los necesarios cambios del sistema económico heredado Y, para ello, el uso eficiente del suelo y el manejo de las condiciones espaciales ligadas a las iniciativas empresariales es una condición irrescindible que no puede estar coartada por un exceso de burocratismo.