CONCURSO PARA LA NUEVA SEDE DE LA EMPRESA DISA

En la presente etapa de crisis del sector de la construcción uno de los objetivos primordiales del Colegio de Arquitectos de Canarias consiste en la ampliación y apertura de nuevos campos de trabajo profesional. Y con ello, conseguir una recuperación del empleo en un epígrafe de la economía muy castigado.

Desde esa premisa estamos ofreciendo constantemente nuestro conocimiento y colaboración a las distintas instituciones públicas, empresas privadas y particulares para estimular la participación de los arquitectos en la mejora de nuestro territorio y nuestras ciudades.

Por ello, el Colegio de Arquitectos ha aceptado colaborar con DISA, una de las empresas más destacadas del archipiélago canario, en esta iniciativa orientada a construir su nueva sede que busca conseguir las mejores condiciones técnicas, estéticas y de calidad urbanística. Estamos apoyando así que se logre aquí realizar un edificio que sirva como ejemplo colectivo y que se plantee al servicio de todos los que van a ser sus destinatarios, promotores, trabajadores, usuarios y clientes. Y, con ello, por tanto, estimular la arquitectura que se hace verdaderamente en beneficio del conjunto de la sociedad tinerfeña. Por ello, consideramos también que es una apuesta ética ya que no solo beneficiamos a los directamente implicados sino que también logramos así un mejor desarrollo colectivo.

En línea con lo ya expuesto, creemos que, con sus imperfecciones, los concursos de ideas son el mejor sistema para la elección de las soluciones arquitectónicas y urbanísticas más adecuadas en cada caso. Nos guía la idea de que el manejo de unos recursos escasos y menguantes debe hacerse siempre en las mejores condiciones de eficiencia y calidad. La Directiva de la Demarcación de Tenerife, la Gomera y El Hierro del Colegio de Arquitectos de Canarias apuesta por los sistemas y procedimientos de adjudicación del trabajo profesional que garanticen las mejores condiciones de trabajo para los profesionales que conduzcan a trabajos que sean referentes en la arquitectura y el urbanismo. Frente a posibles alternativas relacionadas con la elección directa del profesional responsable -o las tramitaciones administrativas y burocráticas en el caso de las instituciones públicas-, basadas en información suministrada por personas individuales o en las que confían en una participación y votación mayoritaria de la población, la delegación de estas decisiones en comités de especialistas parece ser la mejor opción.

Y ello, porque permiten la confrontación de una serie de criterios superiores a otras formas de adjudicación del trabajo profesional en lo referente a edificios emblemáticos. Además, así se genera una racionalidad superior en la toma de decisiones sobre asuntos especialmente complejos. La presencia de un jurado técnico significa el aporte de un conocimiento especialista que no es de fácil alcance a la mayoría. Y, por ello, se aprovecha la inteligencia colectiva de un grupo de expertos cualificados en el tema que de otra manera sería imposible. Finalmente, y al mismo tiempo, habrá condiciones para una mayor transparencia sobre los razonamientos que han fundamentado la decisión de adjudicación.

El concurso para la nueva sede de la empresa de suministros petrolíferos DISA es una magnífica oportunidad para demostrar lo que se ha argumentado más arriba. Por todo lo anterior, alabamos que DISA haya decidido acometer esta iniciativa mediante un concurso de ideas público, abierto a todos los profesionales que intervienen en la definición del entorno construido y, especialmente, de los que nos ocupamos directamente del diseño y construcción de los edificios, los arquitectos.

Ello permitirá contar con un abanico amplío de alternativas que permitirá seleccionar a la mejor opción. Conviene recalcar aquí la inmensa generosidad de todos aquellos que se van a presentar -y que serán muchos probablemente en las actuales circunstancias- por cuanto la aportación de su esfuerzo y trabajo a la sociedad supone un coste intelectual y económico amplío que no va a ser remunerado de ninguna manera para la mayoría de ellos que no sean seleccionados o premiados.

Hay que ser conscientes que un concurso de ideas de este tipo al que se presentarán más de un centenar de equipos de arquitectura e ingeniería va a tener un coste global para el conjunto de participantes que alcanzará varios millones de €uros. Desde aquí nuestro agradecimiento por adelantado a todos, a los promotores por abrirse a realizar este proceso, a los concursantes por el esfuerzo que habrán de realizar y al conjunto de personas que se van a responsabilizar directamente de que esta iniciativa llegue a buen puerto en las mejores condiciones.

Después de un largo proceso de trabajo, que ha durado algo más de un año y en el que debemos agradecer la participación desinteresada de los compañeros Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra, se ha logrado que la adjudicación un encargo privado de esta magnitud se haga por la vía de un concurso abierto. También que, en cierta manera, se haya restringido a profesionales con oficina abierta en el archipiélago. Pero hay que asumir que sea lógico que una empresa preocupada por la administración eficiente de sus recursos busque garantizar la máxima capacidad de los profesionales sobre los que recaiga finalmente la responsabilidad de dirigir este proceso difícil y complejo.

Es, más. Ha sido una condición inexcusable de los promotores restringir el abanico del concurso a arquitectos con más de 5 años de ejercicio profesional y que tuvieran una experiencia profesional suficiente. Somos conscientes de que se ha suscitado un debate y controversia sobre algunos aspectos de la convocatoria, especialmente lo que significa el apartado 6 de las bases del concurso que dice literalmente:

Tanto el Arquitecto Director como los Ingenieros deberán acreditar un nivel de experiencia profesional suficiente para lo que será preciso que hayan proyectado y dirigido con anterioridad obras comparables, en costo y calidad, con las que son objeto de éste Concurso.

La interpretación que hacemos desde la Junta de esa redacción es que ello no significa necesariamente haber realizado un edificio que tenga un presupuesto económico igual o superior o que se ajuste exactamente al mismo programa. Pensamos que se entiende como experiencia profesional suficiente haber proyectado y dirigido, al menos, una obra similar en complejidad y calidad a la que es objeto del presente concurso, comprendiendo edificios de uso administrativo, sanitario, comercial, aparcamientos, equipamiento singular o cualquier uso comparable a estos. Una opinión que comparte plenamente la empresa promotora DISA y que se ha publicitado ya, tanto en la página web de DISA como del COAC, para aclaración y constancia a todos los interesados.

No obstante, y de todo lo expuesto hasta aquí -y quizás debido a ello- también pensamos que es conveniente debatir si estas son las mejores condiciones para acceder a un trabajo profesional generando un despilfarro innecesario de esfuerzos y recursos económicos, como el que significa que varias decenas de profesionales preparen ideas que requieren de mucho tiempo y de trabajo.

En las actuales circunstancias, en las que existe un paro generalizado en el sector de la arquitectura y en que nuestra participación en las actividades inmobiliarias y de construcción se nos ha ido intentando restringir por la vía de los hechos a la mera definición espacial y geométrica de la futura arquitectura, no parece razonable regalar aquello que es nuestra aportación de verdadero valor añadido. Es decir las ideas que sirven de base a la formalización final de los edificios.

Los concursos abiertos sin restricciones conducen a una mayor frustración de los profesionales que participan. Los concursos en los que hay que definir un diseño especializado claramente a nivel de anteproyecto, contemplando el encaje programático, las estrategias constructivas, el alcance de los costos presupuestarios y, finalmente la forma final, suponen un trabajo profesional que requiere de esfuerzos muy intensos y costosos, tanto por la participación ineludible y colectiva de especialistas como en una importante dedicación temporal. En algunos casos, supone el esfuerzo de un equipo numeroso de técnicos durante varios meses y que, en los casos más favorables, generará inversiones superiores a varias decenas de miles de €uros. Algo que verdaderamente solo está al alcance de aquellos que cuentan con unos recursos apropiados. La presentación voluntariosa de profesionales individuales en esas condiciones es claramente un brindis al sol, ya que sus oportunidades de alcanzar el éxito son remotas. Y la demanda para mantener estas situaciones refleja un desconocimiento y un romanticismo suicida, que acabará generando unos costos que deberán sufragarse con unos recursos con los que no se cuenta.

En nuestra opinión, los concursos se realicen mediante un proceso en dos fases. Una fase de inscripción y selección en la que se valoren cuestiones que no supongan necesariamente un importante esfuerzo personal ni económico como por ejemplo, planteamiento metodológico para la ejecución del trabajo, criterios para la evaluación de la eficiencia energética (especialmente, en este caso), forma de incorporar las demandas funcionales del futuro cliente, etc. Por ejemplo, cuando lo que se requiere es la definición de un edificio emblemático, debería ser suficiente para esa selección previa la presentación de una imagen explicativa. O cuando lo que se valora es el encaje funcional del programa demandado el elemento de valoración para la selección podría ser la presentación de un esquema distributivo de las superficies requeridas.

Y a partir de esas propuestas previas, seleccionar a un grupo reducido de participantes a los que se les abone colectiva y efectivamente el desarrollo del anteproyecto necesario que contemple el encaje de todos los requisitos que se exijan para el cumplimiento de los objetivos requeridos más allá de las ideas arquitectónicas. Así, la presentación de las propuestas que requieren de un esfuerzo profesional considerable, se remuneraría convenientemente. El enriquecimiento injusto, al que se han ido acostumbrando tanto las administraciones públicas generadoras de trabajo de arquitectura como algunos particulares, no puede admitirse más. En el presente contexto recesivo, ese importante esfuerzo creativo se realiza de manera gratuita, en beneficio de las entidades convocantes y en perjuicio de los arquitectos participantes.

El apoyo implícito que supone la participación e los concursos de arquitectura en las desfavorables condiciones actuales supone el mantenimiento de una situación injusta que debería inducir un pronunciamiento colectivo de denuncia y, en algunos casos extremos, el boicot colectivo que impida su perpetuación indefinida.

En consecuencia, debido al importante descontento entre los arquitectos canarios que se ha ido generado con el transcurso del tiempo, nos parece fundamental establecer un debate colectivo al interno del colectivo de estas islas para definir con claridad cual debe ser la posición de esta corporación profesional en el futuro.