EMPRESAS PÚBLICAS Y PROFESIONALES

En Canarias existe un conflicto de intereses entre empresas públicas y profesionales privados dedicados a la oferta de servicios técnicos, que se ha ido agravando con los años. Mientras se reduce el espacio de mercado en el que ofertan su capacidad los profesionales, aumenta la asignación pública de los trabajos que genera la administración a un número reducido de empresas dependientes de nuestro gobierno autonómico.
En nuestra opinión, en la distribución de cometidos asignados a las empresas públicas debería imperar el principio de subsidiariedad. Un criterio que es defendido por la Unión Europea y consiste en la atribución de responsabilidad a la solución de los problemas a aquellas autoridades más próximas al objeto de lo que se debe resolver.

Es más, la subsidiariedad debería entenderse también como la no injerencia de las estructuras sociales colectivas en el desarrollo de las actividades que pueden realizar los individuos y entidades privadas. De acuerdo a este principio, las instituciones públicas deben realizar -por el contrario- cometidos de apoyo, ayudando al desarrollo, coordinación y sostén de los objetivos de la actividad privada. Es decir, la administración de los recursos colectivos no debería ejercerse para frenar y entorpecer las iniciativas individuales sino que el control y encausamiento de lo común se debe realizar para que las personas y grupos puedan conseguir sus aspiraciones con eficacia y responsablemente.

 Por ello, se podría entender también como subsidiariedad a la extensión de la mayor participación de los individuos en las actividades de la esfera pública, introduciendo e incentivando la intervención de los operadores privados en la asignación y ejecución del mayor número de trabajos y responsabilidades relacionados con esos estamentos, instituciones y entes administrativos.

En Canarias, sin embargo, la experiencia política desarrollada en las últimas décadas con el advenimiento de la autonomía ha supuesto una exacerbación del control administrativo sobre la economía y los usos del suelo a través de una triple esfera en la supervisión burocrática de las iniciativas privadas: autonómica, insular y municipal. Junto a la dificultad que ello ha supuesto, con la superposición de competencias y la lucha interadministrativa para lograr el control efectivo de esa supervisión, se ha generado una cuarta esfera de influencia que se ha definido a caballo entre el sector público y el espacio privado de las actividades productivas. Es lo que ha supuesto la creación de una pléyade de numerosas empresas públicas, unos entes mercantiles que operan distorsionando importantes ámbitos de la actividad empresarial privada. En su origen tuvieron una razón de ser en la generación de bienes que los operadores privados eran incapaces de proveer. Sin embargo la aparición de oferta privada para esos servicios no ha significado su disolución o reestructuración sino que, con el transcurso del tiempo, han pasado a adquirir un protagonismo creciente, compitiendo directamente por mercados en los que ya existe iniciativa privada. Ello, además, en condiciones sumamente ventajosas y con el apoyo del presupuesto autonómico a través de subvenciones directas del presupuesto común y de la asunción pública de los reiterados déficits anuales que la mayoría de ellas generan.

El intento de provisión de bienes y servicios por empresas públicas, creadas y apoyadas por las distintas administraciones canarias, se ha incrementado de una manera exponencial en las últimas décadas, participando en numerosos sectores de la actividad económica como la agricultura, la promoción inmobiliaria, la construcción, los servicios técnicos, etc. Así, su razón de ser inicial se ha ido pervirtiendo paulatinamente en el transcurso del tiempo, cuando de una manera progresiva han pasado de actuar como coordinadoras y suplentes de la actividad de las administraciones públicas a intervenir de una manera directa en el mercado privado para la provisión de todo tipo de bienes y servicios. Se ha generado así un espacio de competencia desleal que ahoga el crecimiento y desarrollo de las microempresas de servicios y los profesionales técnicos que tratan de sobrevivir en estas islas, ejerciendo las mismas funciones y ofertando esos mismos servicios a la sociedad en unas condiciones sumamente desfavorables.

Nosotros como profesionales, estimamos que las empresas públicas no deben competir con estas incipientes estructuras empresariales privadas que se están intentando consolidar en Canarias, ya que se genera una disputa innecesaria y una disminución de la calidad de la actividad técnica que, en última instancia, destruye al tejido productivo y la capacidad tecnológica regional. Mientras aquellas reciben apoyo administrativo y financiación privilegiada, directa o indirectamente desde el presupuesto público, la oferta privada de servicios y productos se hace en unas condiciones desfavorables de precariedad e imposibilidad de consolidación viable a largo plazo. El dumping, generado así por las propias administraciones, interviniendo en el mercado, hace cada vez más difícil la supervivencia de profesionales y empresas privadas que no cuentan con las ventajas señaladas y no pueden, por tanto, actuar en igualdad de condiciones.

Pero el problema se hace más grave si se considera que, en la mayor parte de los casos, y a pesar del apoyo financiero y de relación administrativa, los productos y servicios realizados por las empresas públicas no cumplen en muchos casos con las expectativas, o no sirven realmente para los fines que se pretenden. Es más, su coste es, en general, muy superior al que han venido proporcionando los agentes privados que han realizado tradicionalmente este tipo de actividades. Se genera así un despilfarro de unos recursos públicos cada vez más escasos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con numerosísimos documentos técnicos elaborados por empresas públicas que no llegan a utilizarse para gestionar y agilizar las autoimpuestas obligaciones administrativas, exigidas y requeridas como consecuencia de una legislación cada vez más exigente. O lo que ocurre con los procesos de realización y ejecución de esos trabajos que también se dilatan en el tiempo, requiriendo constantes aumentos en las asignaciones económicas inicialmente previstas en los presupuestos anuales de la administración.

Así se ha ido extendiendo una burocratización extenuante en la que las dificultades para el normal desenvolvimiento de la actividad económica son casi insalvables para los operadores privados. Y, sorprendentemente, también para esas mismas empresas públicas que tratan de cubrir unas necesidades sin que consigan ese objetivo de una manera clara y eficiente.

Es el caso de la trayectoria experimentada por la empresa pública del gobierno de Canarias, Gesplan, dependiente actualmente de la Consejería de Obras Públicas, cuyo cometido fundacional original era la agilización de la contratación administrativa del planeamiento urbanístico. En las dos décadas transcurridas desde su fundación ha ido incrementando poco a poco su área de influencia, ocupando espacios de trabajo cada vez más extensos, desde el planeamiento urbanístico y territorial y la consultoría ambiental, al asesoramiento a municipios, la proyectación y dirección de obras de arquitectura hasta, finalmente la gestión directa como contratista interpuesto de dichas obras.

Esta tendencia se ha acelerado en los últimos años y se ha caracterizado por el progresivo acaparamiento de una gran parte del trabajo profesional requerido desde las distintas administraciones canarias; especialmente, los servicios concernientes a la consultoría de arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y los estudios geográficos y ambientales. Es lo que viene ocurriendo con numerosos trabajos relacionados con temas de edificación y urbanismo, en las que por su cuantía o grado de complejidad relativamente sencillo, deberían encomendarse indefectiblemente a los profesionales privados de los ramos de la arquitectura y la ingeniería, que están perfectamente capacitados para asumir su autoría de proyecto y dirección de las obras. Sin embargo, en la situación actual de crisis del sector, este tipo de trabajos está concentrándose masivamente en la empresa Gesplan en una proporción creciente por la vía de los convenios entre dicha empresa y numerosas administraciones, Ayuntamientos, Cabildos, Consejerías Autonómicas, etc.

En la actual coyuntura de dificultades, en la que se ha experimentado una disminución muy acusada de la actividad en el sector de la construcción, no parece razonable restringir más aun la poca actividad que generan las administraciones públicas en esa esfera profesional de la consultoría de la arquitectura y la ingeniería por la vía de su concentración en las empresas públicas. Y mucho menos ejercer de contratista interpuesto para la ejecución de las propias obras, contraviniendo así también la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Máxime si, como se ha señalado, esas tareas se hacen a mayores costes y con menor eficacia.

Frente al acaparamiento progresivo del trabajo profesional y la constante búsqueda de espacios de crecimiento en el exterior, las empresas públicas deberían limitar su ámbito de influencia al territorio del archipiélago y a aquellas tareas que de una manera fehaciente no sea posible ejecutar con la participación de profesionales y empresas privadas. A este respecto, consideramos ejemplar la actitud de otra empresa pública como GrafCan, que se dedica a establecer los estándares para la realización de trabajo cartográfico.

En las vigentes circunstancias de escasez de trabajo local es necesario apoyar el desarrollo y expansión hacia el exterior de nuestro sector tecnológico relacionado con la arquitectura e ingeniería. Algo que los protagonistas privados solo pueden hacer con enormes dificultades y sacrificios y que, a pesar de ello, lo están intentando sin ningún visible apoyo de las administraciones canarias. En esta cuestión se necesita de más y mejor información sobre las oportunidades de negocio, tanto en el territorio próximo como fuera de Canarias. También de asesoramiento y subvención asignadas transparentemente que permitan acceder en mejores condiciones a los posibles mercados exteriores.

Pensamos que, por el contrario, la actividad de intervención y control que deben ejercer las administraciones y sus empresas públicas debería centrarse en el establecimiento de criterios claros de actuación, y también la coordinación y supervisión del trabajo profesional externo. Por ejemplo, un servicio esencial con el que no se cuenta es la definición metodológica y de estándares de contenido que logren la unificación de los trabajos técnicos que se hagan para las distintas esferas administrativas, aquellas que necesitan y generan trabajo de consultoría tecnológica como Ayuntamientos, Cabildos, Consejerías con actividad inversora, etc..

Otra tarea, actualmente imprescindible, que puede estimularse desde la empresa pública ligada al gobierno regional, y a la que deberían dedicarse recursos suficientes, es la que se refiere a la simplificación legal relativa a los usos y aprovechamientos del territorio. La actual legislación del suelo presenta numerosísimas indefiniciones y ambigüedades que dificultan enormemente el despliegue, extensión ajuste y transformación necesaria de la actividad económica.

La agilización de los recursos públicos destinados a la ejecución de los trabajos técnicos necesarios exige una mayor coordinación junto al establecimiento de unos parámetros mínimos de calidad exigibles, el estimulo al constante mejoramiento de los procedimientos comunes y una mayor corrección en la definición de los pliegos de condiciones para la licitación de servicios profesionales

Desde la perspectiva anterior y considerando el principio de subsidiariedad al que se hacía alusión al inicio, la empresa pública debería limitar sus cometidos a aquellos que se refieran exclusivamente a la provisión de aquellos productos y servicios que, debido a su complejidad o necesidad de amplios recursos no pueden ejecutar los profesionales y empresas privadas de consultoría tecnológica existentes e implantadas ya en el mercado canario.

En caso contrario, asistiremos en un futuro ya inmediato a la progresiva desaparición de esa capacidad tecnológica acumulada en décadas de desarrollo colectivo. Y su sustitución por unos organismos públicos que están demostrando constantemente su insuficiente capacidad técnica para la resolución de los problemas y tareas encomendados.