En los últimos años se viene sufriendo un ataque sin precedentes a las estructuras organizadas en torno a los colegios profesionales desde los estamentos políticos que dirigen este pais.
Las razones que se esgrimen son de carácter economicista ya que se considera que estas instituciones centenarias son un obstáculo a la libre competencia en el mercado de servicios colectivos.
Sin embargo, los colegios profesionales son unas instituciones importantes para el contrapeso civil de la acción política y, como tales, están reconocidos en la propia Constitución Española
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberá ser democrático.
Se ha recibido un escrito respecto a estas cuestiones que nos afectan y dirigido a los candidatos a las próximas elecciones de la Plataforma de Trabajadores de Colegios Profesionales, que nos parece una reflexión que debe difundirse ampliamente. Este es el contenido del mismo:
Estimado Sr.,
Como sabe, durante los años 2009 y 2010, el anterior Gobierno ha aprobado disposiciones (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio) que han supuesto una extraordinaria agresión contra los Colegios Profesionales. En la actual legislatura no se ha concluido la redacción de la Ley de Servicios Profesionales, que posiblemente hubiera sido la culminación del proceso de anulación de los colegios.
Han sido políticas que no estaban en el programa electoral de ningún partido, que nadie demandaba -ni administraciones, ni ciudadanos, ni profesionales-, que apenas tuvieron apoyo parlamentario y que -no olvidemos- no venían exigidas por la Directiva de Servicios y que han pretendido poner soluciones a problemas ficticios.
Este ataque se ha concretado contra los colegios como organizaciones, contra los profesionales y en particular contra los trabajadores de los colegios, colectivo ninguneado y de cuyo futuro y el de sus familias ni el Gobierno ni los demás representantes políticos se ha preocupado y cuyos efectos negativos están sufriendo sumados a los de la crisis.
Sería largo hacer referencia a la lista de prejuicios, lugares comunes, generalizaciones, instrumentalizaciones demagógicas, etc. de la que son objeto los colegios y que han sido el punto de partida y coartada de los criterios minoritarios surgidos de manera interna en varios Ministerios, apoyada en falacias, en juicios no argumentados, en el ánimo de desactivar a los colegios.
A esta postura se ha unido la promoción oportunista de intereses privados (no todos los que argumentan lo hacen desde la inocencia del desinterés, detrás se esconden aquellos que están a la espera de ocupar el espacio que dejen los colegios), la falta de sensibilidad social, la falta de contacto con la realidad y un déficit de espíritu democrático.
Durante este proceso se ha evitado sistemáticamente, por parte del Gobierno, entrar un debate amplio, sosegado, objetivo y participativo sobre el presente y el futuro de los colegios y su aportación a la sociedad.
Ha sido un ataque injustificado, desplegado al margen de la ética democrática, del que no ha habido posibilidad de defenderse, ya que nada puede la razón contra los prejuicios, y son impotentes los argumentos frente al que no quiere dialogar.
Dado que no ha habido razones objetivas que justificasen esta imposición, los motivos fundamentales, al margen de los intereses privados, han sido necesariamente de naturaleza política o mejor dicho ideológica.
Con todo, estas razones ideológicas son las más graves y preocupantes, porque son el germen de otras posibles decisiones que en el futuro lesionen conquistas o derechos adquiridos por nuestra sociedad.
Es evidente que hay quienes pretenden que los colegios se devalúen en meras organizaciones asociativas, de la misma manera que piensan que privatizar servicios sociales es un objetivo deseable. Unos lo piensan por razones de provecho económico, otros por razones ideológicas y otros por razones de provecho económico disfrazadas de razones ideológicas.
Suponiendo que así sea, que los colegios –que son corporaciones de derecho público cuyos actos están sometidos al derecho administrativo- terminen siendo meras asociaciones, estaremos ante un paso más en el adelgazamiento de lo público, es decir lo que en el ámbito jurídico viene denominándose “la huida de la Administración Pública del Derecho administrativo hacia el Derecho privado” y que implica la reducción de la coordinación y unidad de acción de la Administración y del sistema de garantías al ciudadano. Es decir, los actos administrativos pasar a ser “objetos de mercado” sometidos a la “libertad de competencia”.
Llevamos algunos años sufriendo en el sector público un proceso de “privatización blanda” que se manifiesta de distintas maneras: creación de agencias y entes regionales, empresas públicas, desviación de funciones hacia entidades privadas de control e inspección, desvirtuación de colegios profesionales y cámaras de comercio, laboralización de la función pública, externalizaciones, subcontrataciones, etc.
Es una dinámica que se está aplicando de manera callada, sin ruido, sin afectar a sectores sensibles para la opinión pública. Con este deslizamiento se eluden controles, se contrata al margen de los principios de igualdad, méritos y capacidad, se detraen al ciudadano las garantías del derecho administrativo (procedimientos, plazos, recursos, transparencia, etc.), se pierde cercanía entre los agentes interesados, conocimientos de la materia, operatividad y coordinación, se instala el clientelismo, etc. etc.
Y ello en aras de algunos supuestos beneficios que están por demostrar: los mitos de las razones de eficacia, liberalización, mejora de la competencia, supresión de cargas, etc. Razones cuya levedad ocultan la verdadera razón: el control privado de lo público, de lo que es de todos.
Y estas dinámicas requieren que la opinión pública esté debilitada, que la sociedad civil esté desorganizada, desestructurada. Este proceso es muy fácil de ensayar en el caso de los colegios, aparte de los empleados nadie lo sufrirá en sus carnes y los mensajes demagógicos (acabar con supuestos privilegios, prebendas, fomentar la competencia, reliquias del corporativismo, castas privilegiadas, etc.) calan con facilidad.
Sin embargo, los colegios son herramientas de la sociedad civil. Son independientes, cumplen funciones armonizadoras y vertebradoras de los profesionales e indirectamente de las empresas en las que actúan, como profesionales y como emprendedores. Y estos valores solo se defienden plenamente desde la universalidad y esta no es posible desde la voluntariedad (si inscribirse en el registro civil fuera voluntario, el concepto de ciudadanía, con lo que lleva asociado de derechos y deberes, no sería posible).
Cada vez es más evidente que a un sector de la clase política no le interesa que la sociedad civil se auto organice, se coordine, que actúe con sentido crítico y transformador al margen de las estructuras de poder. Y por ello, este sector de la clase política hará lo posible o bien para domesticar las manifestaciones de la sociedad civil mediante la dependencia económica, la infiltración o el clientelismo o bien las anulará debilitándolas por la vía de desvirtuar su naturaleza o mediante la asfixia financiera (no te mato pero creo las condiciones necesarias para que tu solo te mueras).
Ahora parece que les toca a los colegios. Evidentemente hay que exigir que sean eficientes y transparentes y para ello, además de los propios colegiados, la Administración tiene herramientas para potenciarlo si quisiera (son corporaciones de derecho público: Ley de Colegios, estatutos aprobados, reglamentos). Sin embargo se opta por desampararlas y dejarlas al albur del puro mercado; y el visado, que para el ciudadano era una garantía administrativa ahora se convierte en un mero producto.
Es muy significativo que la práctica totalidad de las críticas a los colegios no tienen que ver con su naturaleza y funciones sino con su gestión. Y que estas críticas a su gestión se vuelvan contra su naturaleza y no al revés. Es como si un doctor atacara los síntomas no mediante la cura de la enfermedad sino matando el cuerpo. El Gobierno ha diagnosticado a los colegios sin examinarlos y les ha impuesto una terapia de sangrado. En vez de reconducir instituciones con una gran potencial, historia, La debilidad o desaparición de los colegios profesionales será una mala noticia para la sociedad en su conjunto. Y un aviso para navegantes de lo que nos puede venir.
Por todo ello y habida cuenta de la próxima consulta electoral, que dará paso a un nuevo Gobierno, y de que quizá se Vd. responsable del mismo, le trasladamos las siguientes propuestas y peticiones:
- Considere el valor de los Colegios Profesionales, por su propia naturaleza, por lo que representan, por su historia, funciones, valore, su implantación y estime el enorme potencial de unas organizaciones que no habría que crear porque ya existen.
- Establezca con el mundo colegial a través de sus representantes un debate amplio, sosegado, objetivo y participativo sobre el presente y el futuro de los colegios y su aportación a la sociedad.
- Revise la actual normativa sobre colegios profesionales y promueva una adecuada mejora en el funcionamiento y regulación interna de los colegios a través de los cauces legales disponibles, en beneficio de los profesionales y de la sociedad en general y con la debida sensibilidad social hacia los puestos de trabajo de los trabajadores de los colegios.
- Aplique políticas con sentido social y en particular apóyese en las organizaciones que contribuyen, a distintos niveles, a cohesionar y coordinar el tejido social.
- Contribuya a mantener el valor de los Colegios Profesionales como representantes y reguladores de las distintas profesiones mediante la correspondiente adscripción.
Finalmente, los ciudadanos vinculados, directa o indirectamente, a los colegios profesionales necesitamos conocer, antes de la cita electoral, su voluntad y compromiso y la de su Partido respecto al sector público y los servicios sociales, y en particular respecto al futuro de los colegios profesionales.
Por ello le rogamos estime oportuno dar respuesta a esta carta, de manera que como ciudadanos podamos establecer un criterio previo respecto a sus compromisos y con ello hacernos, o no, corresponsables de aquellas decisiones y medidas que en esta materia pueda adoptar en caso de que le corresponda dicha responsabilidad.
La Plataforma de Trabajadores de Colegios Profesionales, es un colectivo autoorganizado e independiente de los colegios profesionales, que en estos momentos aglutina a nivel nacional a trabajadores correspondientes a colegios y Consejos de:
Abogados, Administradores de Fincas, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ciencias Políticas y Sociología, * Delineantes y Diseñadores Técnicos, Diseñadores Interior y Decoradores, Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, Enfermería, Farmacéuticos, Geólogos, Graduados Sociales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Navales, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros Técnicos de Minas, Ingenieros Técnicos de Obras Publicas, Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros Técnicos Industriales, Procuradores, Psicólogos, Químicos y Veterinarios
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