jueves, 15 de diciembre de 2011

EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

Recientemente, se ha producido un siniestro de considerables proporciones en Santa Cruz de Tenerife, el desprendimiento completo de un falso techo en un edificio público, perteneciente a la estación principal de autobuses de la ciudad. Un hecho que la casualidad ha evitado que pudiera tener consecuencias graves para la seguridad y la integridad de sus usuarios. La caída de ese elemento constructivo ha dejado al descubierto la mala práctica en lo que se refiere al cuidado de los bienes colectivos.
Cualquiera puede entender que los edificios requieren un seguimiento y mantenimiento constante. La mayoría de nosotros nos hemos visto muchas veces en la tesitura de tener que acometer la reparación de un baño o pintar la fachada de nuestras casas. En relación a las propiedades inmobiliarias, cada año surgen cuestiones que requieren ser atendidas con presteza para evitar costes y males mayores, problemas que se derivan de la necesidad de controlar y mantener las estructuras, la construcción y las instalaciones que forman parte inherente a los edificios.
Eso es algo que los particulares diligentes hacen de una manera no sistemática pero constante. No es así en lo que se refiere a un concreto grupo de bienes colectivos, los edificios propiedad de las administraciones. En nuestra región, se gastan ingentes recursos públicos en la construcción de todo tipo de infraestructuras, pero su mantenimiento y seguimiento constructivo posterior suele brillar por su ausencia. Hasta que se producen desgracias y hechos luctuosos que hacen que los políticos y administraciones hagan declaraciones manifestando la necesidad de atender también estas cuestiones. Sin repercusiones reales que signifiquen la corrección de inacción permanente. Y así, seguiremos siempre a la espera temerosa de la siguiente ocasión.
Estas son actitudes de países que confían demasiado en el papeleo y la burocracia. Habría que corregir esta situación urgentemente arbitrando otro tipo de medidas que incentiven realmente el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios de una manera constante.
En  la vigente Ley de 38/1999 de Ordenación de la Edificación ya se planteó un primer esfuerzo para dotar a los edificios con los necesarios controles en su cuidado y seguimiento posterior. Es lo que se conoce como el Libro del Edificio, un conjunto de instrucciones sobre las necesidades para un adecuado mantenimiento que debería darse a los propietarios de cada edificio una vez finalizadas las obras de construcción. El Libro del Edificio debe de establecer los parámetros y plazos para el control de aquellos aspectos que garantizan una adecuada funcionalidad, seguridad y habitabilidad, incluyendo cuestiones esenciales, como las que se refieren al seguimiento del desempeño de las estructuras, el funcionamiento de las instalaciones, la protección contra la estanqueidad y el ahorro energético. Desgraciadamente, ni siquiera este requisito básico es exigido con carácter general en nuestra región por ausencia de instrucciones administrativas precisas al respecto.
Así como la seguridad de los vehículos privados que circulan por las carreteras ha obligado al establecimiento de la conocida ITV (Inspección Técnica de Vehículos) que se ejerce con una regularidad anual, nuestras autoridades deberían arbitrar los controles necesarios para garantizar un adecuado mantenimiento de los edificios. Con ello, se atenuaría el riesgo de posibles desgracias que, como hemos podido percibir en estos días, pueden afectar a la integridad de las personas
Es más, el Real Decreto estatal 8/2011 de impulso a la rehabilitación, establece en su Artículo 21 ya claramente que los municipios con población superior a 25.000 habitantes tienen la obligación de poner en marcha inmediatamente la llamada Inspección Técnica de Edificios para todos aquellos edificios con una antigüedad superior a 50 años.. En Canarias, los edificios residenciales y no residenciales que pueden haberse construido con anterioridad a 1960 pueden superar el millón de unidades. Muchos de ellos han sido construidos de una manera precaria y se requeriría una actuación decidida de las administraciones para comprobar su viabilidad respecto a lo legalmente establecido.
De acuerdo a lo expresado literalmente en el articulado de dicha ley se debe contemplar la evaluación de la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato. Y también determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible y el tiempo señalado al efecto.
En algunos lugares de nuestro país, la Inspección Técnica de Edificios ya funciona de una manera reglamentada. También en Canarias, algunos Ayuntamientos han implementado este requisito de una manera básica. Pero al no estar establecido al alcance de su contenido tiene un carácter de mera inspección ocular en la mayoría de los casos en que se exige, un esfuerzo que no ahonda en la verificación cierta de posibles disfunciones, sin que se logre identificar sistemáticamente los problemas que puedan existir ni mucho menos arbitrarse técnicamente las posibles soluciones.
Con el paso del tiempo, ello ha llevado a un deterioro visible en una gran masa de los edificios que componen nuestras ciudades. Por ello, la rehabilitación de los edificios se ha convertido en un tema recurrente en los debates relacionados con la arquitectura y la construcción.
Ayer, la Directiva del Colegio de Arquitectos de Canarias ha mantenido una reunión con el Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, Don Domingo Berriel, en la que estuvo acompañado de otros representantes de su departamento como el ViceConsejero y Director General de Ordenación del Territorio, D. Mario Pérez y D. Jesús Romero. Momento en el que se les expresó la necesidad de que el Gobierno de Canarias lidere de manera urgente una iniciativa para establecer el contenido procedimental de esta Inspección Técnica de los Edificios de una manera unificada para todo el archipiélago.
Se le ofreció la colaboración de los Colegios Profesionales con competencia en este tipo de cuestiones, Ingenieros, Aparejadores y Arquitectos. En respuesta se mostró una clara predisposición favorable a asumir este tipo de cuestiones siempre dentro del máximo respeto a la autonomía de los municipios canarios.
Lo más importante es que después de un prolongado período de desencuentros, por fin se ha abierto una vía de diálogo entre administración y profesionales, que esperamos que tenga continuidad en el tiempo.

1 comentario:

  1. Bien por la reunión, bien por el avance en las ITE....pero en el hilo principal de este articulo, mantenimiento de los edificios públicos ¿que?.....nanai, lo digo con conocimiento de "causa"...no hay dinero; y esas acciones NO DAN VOTOS....

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