RENOVACIÓN DEL BARRIO DE LAS CHUMBERAS

El barrio de Las Chumberas es un polígono de 670 viviendas organizado en 42 bloques que surgió en la periferia de La Laguna (Tenerife) en los años 70. Fue el resultado de una actuación pública para dotar de vivienda asequible a familias necesitadas y -como ocurre en este tipo de cosas- se realizó con premura y sin mayores miramientos técnicos.

En la actualidad presenta un problema de degradación acelerada de sus estructuras de hormigón por aluminosis. Esto es consecuencia de la aplicación de cementos De baja calidad y en malas condiciones que han degenerado en un deterioro de las capacidades portantes de las estructuras construidas que hacen que exista un peligro cierto de derrumbe generalizado. Por ello, los edificios se encuentran apuntalados y, en algunos casos, las viviendas han sido evacuadas.

Ante este problema, distintas administraciones han decidido desde hace dos años proceder a un proceso de renovación integral y ordenada de la totalidad del barrio mediante la definición legal de un área de renovación urbana. Una iniciativa que conducirá probablemente a la reposición integral de las viviendas afectadas. El mecanismo financiero previsto para lograr este propósito ha sido consensuado entre las partes, involucrando a distintas administraciones y propietarios en un convenio a varias bandas con un coste superior a los 90 millones de Euros, lo que va a suponer la reconstrucción casi gratuita de la totalidad de las viviendas con mejoras notables sobre lo previamente existente.

Sin embargo, el proceso acometido hasta la fecha peca de un exceso de burocratismo y falta de transparencia pública, que se avala con el argumento de la agilización de sus trámites y la eficacia económica.

Desde el Colegio de Arquitectos de Canarias se considera que no se han tenido en cuenta importantes cuestiones para acometer una iniciativa pública de este tamaño y repercusión. Lo cual nos hace cuestionar el proceso en curso para solicitar que se corrijan una serie de defectos organizativos de tal manera que no se vuelva a repetir un descalabro como el que ha tenido lugar.

Creemos que la propia ordenación urbanística debería realizarse aplicando otro tipo de mecanismo para su conformación final. No es lógico que un esfuerzo económico de este calibre, que va a suponer una transformación radical de la forma urbana de ese barrio, se decida con la participación de muy pocos interlocutores y exclusivamente en los despachos técnicos y administrativos del Ayuntamiento de La Laguna y su empresa pública MUVISA.

Es importante constatar que ya existe ya un precedente que representa el estilo con el que se hacen estas cosas en La Laguna. Es el caso de lo que ya se ha decidido para otro ámbito más pequeño, en la sustitución de las llamadas viviendas del Centurión. Una actuación que va a ocupar una parcela vacante, utilizada actualmente como aparcamiento al aire libre, por tres bloques aislados de ocho plantas de altura que, si bien solucionan básicamente el problema existente, van a generar otros conflictos relevantes en la zona.

Por ejemplo, su construcción va a suponer una agresión visual muy potente para la percepción paisajística del casco histórico vecino, declarado Patrimonio de la Humanidad. La torres previstas van a competir en la imagen urbana con elementos esenciales de su perfil, como la torre de la iglesia de la Concepción, las cúpulas de la Catedral, etc. Además van a originar un proceso congestivo mayor que el existente al eliminar el aparcamiento y añadir un importante número de nuevos usuarios. Tampoco se ha procurado incluir usos complementarios que mejoren la calida urbana y la disposición de las dotaciones públicas asociadas también es bastante inconveniente y poco cuidadosa. Con ello, posiblemente, se ha solucionado un problema de unos vecinos, pero se van a crear otros al conjunto del núcleo histórico de la ciudad.

Por ello, creemos que sería conveniente establecer un proceso diferente en este tipo de actuaciones públicas. En el caso de la mejora del barrio de las Chumberas, se debería proponer un sistema que redunde tanto en la calidad de vida de los usuarios afectados como en la aplicación más eficiente posible de esos ingentes recursos públicos que se van a invertir. En nuestra opinión, en esfuerzos de este volumen se deberían realizar sucesivos concursos públicos para la asignación de los trabajos de urbanismo y arquitectura, de tal manera que se pueda producir un debate más rico que el que se acomete con la participación exclusiva de los servicios técnicos y jurídicos afines al propio Ayuntamiento.

La definición de la forma urbana debería tener en cuenta, más allá de los objetivos meramente económicos y de rapidez de ejecución, criterios que garanticen una mayor sostenibilidad del futuro barrio. Entre otras cuestiones, se debería pensar en proporcionar la mayor eficiencia energética de los nuevos edificios, estudiando las alternativas para el soleamiento adecuado de las viviendas y un aislamiento constructivo adecuado que disminuya la necesidad de aportes energéticos. Es preciso tener ideas ya desde el proyecto, sobre como acometer el reciclaje de los productos resultantes de las demoliciones que será necesario realizar.

Por todo ello, se propone la realización de un concurso público que defina las condiciones del nuevo barrio bajo los siguientes criterios:

- Diseño de la estructura urbana que garantice la mejor accesibilidad peatonal para los usuarios y, especialmente para las personas de movilidad reducida, integrando los espacios públicos y los recorridos en una trama coherente y amable al paseante e incluyendo vegetación en las calles y jardinería adecuada en los lugares de encuentro que se prevean.

- Valoración de la disposición de servicios colectivos en el lugar que garanticen la más completa aparición de usos comerciales, administrativos y unas dotaciones públicas en las mejores condiciones que atenúen la necesidad del desplazamiento obligatorio hacia otras zonas del área metropolitana. En todo caso, la integración desde el inicio de los servicios que permitan el acceso al barrio desde el transporte colectivo.

- Establecimiento de mecanismos adecuados para mejorar la eficiencia energética del conjunto del barrio, considerando las orientaciones solares, elementos de protección contra los vientos y el aislamiento térmico de los edificios. La consideración ecológica a aplicar en la propuesta debería también incluir medidas para incentivar la reutilización local de basuras y el uso de transporte público en el acceso al barrio y su comunicación con el resto del área metropolitana, así como la ejecución de instalaciones locales que supusieran aportación energética propia.

- Definición de los mecanismos a integrar en el diseño para propiciar un  proceso amplío de discusión y participación ciudadana, que conduzca a la definición de la mejor forma urbana final del barrio. Establecimiento de los hitos y dispositivos para la toma de decisión colectiva en las mejores condiciones comunes.

Estas ideas deberían dar pié a la realización de un concurso público con participación de equipos multidisciplinares que permitan establecer un debate más rico, garantizando así la mejor aplicación de los recursos ya dispuestos. Concurso en el que el mecanismo de decisión para el otorgamiento final de los trabajos no quedara reservado exclusivamente a la esfera administrativa y técnica del Ayuntamiento, sino que pudiera contar con la participación de asesoramiento externo y de la opinión de los propios vecinos.

Y ese proceso  descrito para la conformación de la totalidad del barrio debería prolongarse en similares condiciones a la adjudicación de los trabajos de arquitectura subsiguientes de tal manera que se reparta el trabajo entre un grupo lo más amplío posible de técnicos y con ello se garantice también una mejor calidad de la edificación resultante. En este caso, los criterios de adjudicación deberían complementarse añadiendo la consideración de una metodología adecuada para la formalización del diseño técnico y el control presupuestario, de tal manera que se superen las formas actuales de asignación de trabajos que se basan exclusivamente en criterios cuantitativos como el menor tiempo de ejecución de proyectos y el menor coste de los documentos.

De esta manera, se podría superar la actual situación de degradación profesional de la arquitectura y la ingeniería asociada y, en consecuencia, la baja calidad de la construcción resultante y el despilfarro creciente de recursos cada vez más escasos.