sábado, 16 de abril de 2011

ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DEL PARTIDO POPULAR


Continuando con la serie de encuentros con los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas y locales, el pasado jueves 14 de abril, se ha mantenido un corto debate con los candidatos del Partido Popular. Esta es una crónica sucinta de lo ocurrido en ese acto.

Los miembros del Partido Popular en Canarias han mostrado una alta receptividad a participar en cuantos debates consideremos los arquitectos. Tanto sobre los problemas que afectan a la construcción, el urbanismo como en general, a la economía del archipiélago. De hecho, aceptaron nuestra invitación inmediatamente y acudieron ese día los principales representantes regionales de la formación a la cita acordada, que se celebraría en el Salón de Conferencias de nuestra Demarcación.
Inició el acto, Cristina Tavío, candidata al Parlamento regional por Tenerife y cabeza de lista a la Alcaldía de Santa Cruz, ofreciéndose para celebrar cuantos debates creamos necesario sobre temas específicos, como los locales que afectan al futuro de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna.
A continuación intervino el líder regional del partido, José Manuel Soria para exponer las líneas maestras del posible programa a llevar a cabo en los próximos años; en el caso de que alcanzasen la mayoría suficiente para formar un gobierno monocolor. Según él, la prioridad no sería conseguir mayores cotas de autogobierno para Canarias, sino que el trabajo a desarrollar en un futuro inmediato consistiría en poder digerir el enorme cúmulo de competencias ya asumidas y transferidas por el gobierno central.
Sobre la base del mantenimiento de los servicios colectivos esenciales que son ya responsabilidad de la Comunidad Autónoma –educación, sanidad, dependencia, etc.- se plantea como gran objetivo disminuir el tamaño del resto del sector público respecto del conjunto de la economía, referido ello a los restantes cometidos de gobierno y empresas públicas dependientes. Para lograr ese objetivo, propone como primera medida disminuir el tamaño de la administración autonómica, reduciendo el número de consejerías, áreas y cargos asociados, pasando todas las responsabilidades y recursos que se pueda a los cabildos y gobiernos insulares. Según él, esta iniciativa es una necesidad perentoria porque no se puede seguir manteniendo un sector público tan hipertrofiado como el que existe en canarias.
En segundo lugar, propone una reforma radical de aquellos organismos que dependen directamente de los presupuestos regionales. Ello significaría una disminución sustancial del número de empresas públicas, fundaciones y entidades que aportan un valor añadido discutible. Y, ello considerando la ineficiencia que representa su financiación con cargo a los presupuestos comunes de tareas que podría hacer con mayor capacidad la iniciativa privada.
Una tercera reforma tendría que ver con la intervención sobre la telaraña legal y competencial que existe entre los distintos organismos con responsabilidad administrativa en las islas. El objetivo, en este caso, sería simplificar y aclarar la maraña de responsabilidades, para que se pueda recuperar y estimular la inversión productiva que es la base para la generación de empleo. Para ello, propone la constitución de un equipo de juristas que se dedique a la evaluación de la extensa legislación, territorial y sectorial, que actualmente es vigente y conduzca a su simplificación y, en su caso, derogación allí donde fuera necesario.
Puso como referencia la extrema ambigüedad de la vigente Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003 que representaría un compendio de lo que no debe ser el marco jurídico aplicable. Por compleja ambigua y burocratizante, y que, además, esta suponiendo un freno innecesario a la creación de empleo. Señaló también que la Comisión de Ordenación del territorio y Medio Ambiente de Canarias es el ejemplo más preclaro de organismo burocratizado e ineficiente que debe reformarse en profundidad o traspasar directamente sus competencias al ámbito de cada isla.
A continuación intervino también, el candidato a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Antonio Alarcó, quejándose de que actualmente esa institución sea la mayor empresa de Canarias, ejerciendo así un papel de freno a la iniciativa privada. Señaló que 46 empresas públicas dependen hoy en día del Cabildo de Tenerife, generando casi todas ellas pérdidas año tras año, y estimulando así la ineficiencia del sistema económico insular. Puso como ejemplo el caso de la Cooperativa Teisol, una empresa subvencionada por las arcas insulares, que produce el yogurt más cara de España en detrimento de otras empresas privadas que ofrecen lo mismo, y generando además cada año cuantiosos déficits.
Sugirió la necesidad de cambiar las estrategias públicas para que se pueda facilitar la necesaria recuperación y creación de nuevo empleo, al tejido de pequeñas y medianas empresas existentes, frente al criterio de que ese esfuerzo lo hagan las empresas públicas en un marco de clara competencia desleal. Propuso por ello también, una drástica reducción del sector público insular, en consonancia con las directrices regionales de su partido.
A continuación se celebró un corto debate con las personas asistentes -cuya mayoría eran arquitectos- en el que se discutieron diversas cuestiones. Entre ellas, habría que destacar la necesaria apuesta por la internacionalización de la economía canaria.
Finalmente, se quedó en la celebración de un segundo encuentro con los respectivos candidatos –que se celebrará después de la Semana Santa- para debatir más específicamente las cuestiones que afectan a la isla de Tenerife, como es el caso de las planificación territorial y urbanística desarrolladas en los último tiempos.



1 comentario:

  1. Antes de empezar con la reducción de la Administración, habra que señalar aquellas áreas donde la misma este sobredimensionada o duplicada (Gobierno-Cabildo) con las mismas competencias en las mismas áreas, luego hacer un barrido de empresas publicas, creadas al servicio de las diferrentes Consejerias, al amparo del Gobierno Autonómico, con sueldos elevadisimos de la Gerencia de las mismas.
    Habria que redistribuir el personal de forma mas efciente, y no subcontratar trabajos a equipos externos, vaciando de contenido el trabajo de las Consejerías, etc..

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