El Lunes 4 de abril se presentó el Manifiesto Profesionales 2011 en el que se denunció el problema que representan las empresas públicas para los profesionales que ejercen la actividad privadamente por su cuenta y riesgo. Este Manifiesto esta respaldado por más de 20 colegios y asociaciones profesionales y empresariales de Canarias, evidenciando el enorme descontento existente.
En los últimos años, numerosas empresas públicas como Tragsa, Gesplan, Gestión del Medio Rural, Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife -entre otras- dependientes, tanto de los gobiernos central, regional, los cabildos y ayuntamientos, etc., han ido incrementando la práctica de la autoadjudicación ilegal del trabajo de consultoría profesional pública, contraviniendo la legislación europea y estatal.
Ello se está haciendo con sistemas de contratación precarios, que rozan en algunos casos la semiesclavitud bajo el paraguas de la subvención a la formación y el empleo a los jóvenes, en condiciones de ejecución y calidad francamente discutibles, e incidiendo así muy negativamente en la eficacia de los servicios que se pretende prestar.
Lo anterior, representa además una inaceptable competencia desleal hacia los profesionales libres y empresas de consultoría privada, de aquellos entes públicos pagados con los recursos de todos los canarios y que, por regla general, están realizando trabajos que pueden ejecutar perfectamente los privados con mayores garantías, eficacia y menores costes.
Dado que las empresas públicas reciben subvenciones directas de las administraciones que las auspician y tienen numerosas pérdidas año tras año, creemos que es imprescindible exigir a nuestros representantes políticos una mayor racionalidad en el empleo de los fondos públicos. Para ello, sería conveniente establecer unos objetivos e indicadores de cumplimiento que permitan evaluar el desempeño de estas organizaciones en relación a los fines que cada año establezcan. Y también retrotraer su desempeño a fines razonables, como las tareas de coordinación, establecimiento de procedimientos comunes, apoyo a la internacionalización de las consultoras privadas, etc.
Siendo todo lo anterior una propuesta que hacemos a los responsables de nuestras instituciones en aras a una mayor colaboración entre los sectores público y privado.
El Colegio de Arquitectos de Canarias asumió íntegramente el contenido de este Manifiesto con el apoyo de sus cinco Demarcaciones, siendo aprobado en Junta de Gobierno regional. Por todo ello, y dado que a día de hoy ha tenido escaso eco entre nuestros representantes políticos en el Gobierno Regional, Cabildos y Ayuntamientos, rogaríamos que manifestaras tu opinión al respecto, haciéndonos llegar tu parecer. Para ello, sería oportuno que te expresaras en esta misma plataforma generando un comentario desde la barra inferior.
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